Un informe publicado por este diario sobre el rastro del temido cartel de Sinaloa, detrás de millonarios embarques que se comercian ilegalmente en calles y locales colombianos, muestra los alcances y efectos de esas alianzas criminales sobre la economía y la seguridad de la Nación. 

Así, la plata de la droga que sale al exterior regresa al país después de una intrincada maraña comercial y financiera que hace una escala clave en los principales puertos de exportación de la China y luego, otra en países con los que tenemos tratados de libre comercio, como Estados Unidos, para buscar burlar los controles a las exportaciones. Una investigación de la poderosa agencia ICE, que controla las fronteras y aduanas de Estados Unidos, y de la Policía y Fiscalía colombianas comprobó que mercancías chinas ligadas a negocios de narcos locales hicieron escala en puertos de la ciudad de Los Ángeles.

Un cargamento (usualmente textiles y calzados) que se compra por un millón de dólares en la China termina registrado en Colombia por un valor menor a los 50.000 dólares. La falta de controles técnicos y, hay que decirlo, la corrupción pura y dura son esenciales para garantizar la entrada de esos contenedores al país. Y las mafias del contrabando no solo garantizan la entrada a puerto, sino la llegada segura a bodegas en Bogotá cuya ubicación es vox populi.

Los dueños de la carga la venden en el país por debajo del costo del mercado y al final logran lavar y meter a la economía la plata del narcotráfico. En el camino quedan tendidos centenares de productores nacionales, que no tienen cómo competir con los precios del contrabando.

Ese daño a colombianos de a pie que pierden sus trabajos por causa de esta práctica es algo que debería estar en la mente de todos los que acuden a ese mercado porque les sale más económico. Pero también hay que pensar que ese aparente buen negocio está contribuyendo a mantener vivas culebras como el narcotráfico y la corrupción. 
Y no se trata, ni mucho menos, de satanizar todo el comercio que se mueve en esos centros mundiales de producción a bajo costo. Ni a miles de comerciantes que hacen las cosas al derecho y generan riqueza y desarrollo. 

Pero el país sabe, y esos mismos comerciantes también, que hay un enorme mercado ilegal que aprovecha el comercio internacional no solo para obtener mayores ganancias a través de la evasión y la elusión, sino para legalizar platas que una y otra vez son usadas para aceitar la maquinaria del narcotráfico. Las proyecciones oficiales calculan en unos 6.000 millones de dólares el hueco que el contrabando le hace a la economía nacional. Esa sola cifra debería ser suficiente para que todos los colombianos decidiéramos decirle no. Pero los daños colaterales son asimismo enormes y por eso cerrarle todas las puertas pasa a ser, también, un asunto capital para la seguridad nacional. 

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